Los inspectores impusieron en 2007 una sanción de 6.000 euros por infracción «grave»

ALBERTO MAGRO. PALMA No es la primera vez que la empresa dueña de la clínica de diálisis de Inca que está siendo investigada por el posible contagio de la hepatitis C a sus pacientes tiene problemas con los inspectores de Sanidad. En el año 2006, la denuncia de un enfermo renal contra la empresa por emplear varias veces con clientes distintos filtros de diálisis y jeringuillas de usar y tirar provocó la apertura de una investigación del IB-Salut. El proceso se cerró meses después, el 19 de febrero de 2007, con una multa de 6.000 euros por «infracción grave» en la clínica que tiene en Palma la empresa que gestiona el centro sospechoso de Inca.

Según figura en el expediente de sanción al que tuvo acceso DIARIO de MALLORCA (el 133/06), entre las irregularidades graves detectadas por la inspección destaca la utilización de material de diálisis caducado. En el informe del caso se detallan además infracciones como la presencia en la clínica de dos enfermeras con un título no homologado y la utilización de equipos de hemoprofusión en mal estado.

Aunque el inspector que llevó el caso entre 2006 y 2007 (hoy médico de atención primaria) aseguró ayer a este diario no recordar gran cosa de aquel proceso, fuentes cercanas a la investigación explican que los hechos perseguidos eran «realmente preocupantes». El propio denunciante del caso, un paciente que recibió diálisis ocho años antes de ser transplantado en Son Dureta, afirma que se reutilizaban «los filtros de diálisis, algo totalmente prohibido». «Lo denuncie veinte veces por correo sin recibir nunca respuesta del entonces gerente de Son Dureta [nombrado por el Govern Matas, reubicado como director de Son Llatzer por el actual conseller Thomàs e inhabilitado judicialmente en 2009 por un delito de imprudencia cuando era gerente del hospital de Manacor] «, abunda el paciente, que, acabó interponiendo una querella criminal en el año 2006. La querella, según comprobó ayer este diario, fue sobreseída a instancias de la Fiscalía, que no encontró que los hechos denunciados por el paciente fueran constitutivos de delito.

Sí fueron suficiente para provocar una sanción administrativa grave, que tuvo escasas consecuencias: las tres clínicas privadas siguieron atendiendo a enfermos de la sanidad pública hasta el pasado día 19 de noviembre, cuando la de Inca fue clausurada por la Salud después de que dos pacientes de diálisis escoceses que llegaron a Mallorca limpios se volvieran a su país infectados tras pasar por el centro ahora investigado.

Fuentes del IB-Salut confirmaban en la tarde de ayer que la denuncia contra esta empresa fue por «reutilización de filtros», aunque destacan que esos hechos no pudieron ser comprobados durante la inspección, en la que sí encontraron material caducado y trabajadores en situación irregular. De ahí la sanción de 6.000 euros, recurrida por la empresa pero ratificada por los tribunales. Y de ahí las dos inspecciones posteriores al centro de Palma, en 2009, en las que no encontraron irregularidades, apuntan en el IB-Salut. Por ello, explican, se renovó la licencia del centro palmesano en junio de 2010. Aunque hubo una última inspección: fue el día de la clausura de la clínica de Inca, y tampoco se denunció infracción alguna.

Sólo se inspeccionó Palma
No fueron en cambio inspeccionadas nunca las clínicas de la empresa en Inca y en Manacor, pese a la gravedad de los hechos denunciados en 2006. Según los gestores de la sanidad balear, no se llegó a revisar estos dos centros de la misma empresa porque nunca se produjo ninguna denuncia referida específicamente a ellos. Así, pese a la sanción por infracción grave, la red sanitaria pública ha seguido desviando enfermos renales a las tres clínicas, tanto con el Govern actual como en tiempos del PP de Jaume Matas.

Diario de Mallorca – diciembre 2010 – nota completa