Corrientes es la primera provincia argentina con una ley de protección integral para las personas que recibieron trasplantes.
Favorece la reinserción laboral y da asistencia

La normativa promueve los requerimientos que necesita el paciente durante el postrasplante, tiempo en el que hay mayor probabilidad de que se vea afectado por distintas enfermedades por causa de la necesaria medicación inmunodepresiva que se les suministra.

La ley garantiza “un sistema de protección integral de las personas trasplantadas, tendientes a asegurar el acceso a los derechos sociales y la posibilidad de un acceso laboral al sector público o privado, dándoles la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar un rol equivalente al que ejercen las personas no trasplantadas”.

En el caso de la reinserción laboral, la norma especifica que los empleadores que concedan trabajo a personas sometidas a trasplantes gozarán de una deducción impositiva provincial y el Ministerio de Salud Pública de la provincia certificará, en cada caso, las posibilidades físicas y psicológicas del paciente.

Además, la normativa establece “un cupo o porcentaje sobre el total de las viviendas a adjudicarse”, cobertura médica y medicamentos. También, transporte gratuito para concurrir a los centros médicos para realizarse controles y/o rehabilitación, y asistencia psicológica para el paciente y sus familiares directos.

El proyecto de la ley 6056 fue presentado por la diputada María Isabel Brisco de Romero Feris, del Partido Autonomista Nacional (PAN), fue aprobado con el voto unánime de ambas cámaras provinciales el 27 de julio pasado.

“La idea surgió cuando estaba en una ciudad del interior, Santa Lucía, y una señora se me acercó y me contó de su hijo, al que acababan de hacerle un trasplante; después de informarme sobre el tema presenté el proyecto, en octubre del año pasado”, explicó a LA NACION la autora del proyecto.

“Hay un proyecto nacional, que aún espera la aprobación del Senado, que contiene disposiciones diferentes. En él, los postrasplantados tienen la calificación de discapacitados y no es así. Uno se somete a un trasplante precisamente para volver a ser capaz”, aclaró la legisladora correntina.

Destacó, además, que Corrientes es la provincia que tiene más dadores de órganos. “El 40% de los correntinos es donante, y la ley busca ir a tono con eso. Esperamos que el Poder Ejecutivo la reglamente lo antes posible”, concluyó.

Por Josefina Pagani  | LA NACION | 18 agosto 2011 | Nota completa