CHILE - La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión de Salud, la cual indagó sobre los presuntos "incumplimientos y graves negligencias" de la autoridad sanitaria relativas a la falta de notificación de un indeterminado número de pacientes portadores del virus Hepatitis C (VHC) desde el año 1996.
La cifra de no notificados fue conocida por la opinión pública, luego que el portador de Hepatitis C (VHC) Eduardo Catalán, representado por el abogado de Fundación Pro Bono, Gonzalo Jiménez, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, solicitara en mayo de 2010, por segunda vez al Ministerio de Salud (Minsal) que informase sobre la situación de los portadores de VHC. Del documento, se desprende que entre septiembre pasado y abril de este año, éste sólo notificó a 13 de las personas portadoras del virus.
Romina Zúñiga, coordinadora de Fundación Pro Bono, en representación de la organización presentó ante la Comisión Investigadora los antecedentes recopilados a través de múltiples requerimientos de información dirigidos a la autoridad sanitaria, que daban cuenta de inexcusables negligencias y deficiencias en el sistema de notificación a personas infectadas por el virus, aún cuando esta enfermedad está considerada dentro de aquellas que requieren una notificación obligatoria. Se hizo mención a que el Ministerio de Salud sólo notificó a 353 personas de un total de 1.400, hecho que subsistía a la fecha.
Como propuestas a seguir, la Comisión de Salud estableció como "imperativo ético" dar con el paradero de las personas infectadas con el virus desde el año 1996 – fecha en la cual se comenzó a implementar el procedimiento de detección del virus-; la creación de una Central de Búsqueda de Pacientes Portadores de Hepatitis C, B, VIH, Chagas, HTLV-1 y sífilis siguiendo el modelo de otros países más avanzados en la materia; la necesidad de implementar sistemas de coordinación adecuados entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de Salud Pública y finalmente estableció un plazo de seis meses para realizar auditorías entre los servicios de salud para observar el adecuado cumplimiento de la normativa vigente y protocolos.
Por Fundación Pro Bono - noviembre 2010 - nota completa
