Según informó hoy el fundador de Yi Ren Ping, Lu Jun, de 37 años, en un comunicado, el miércoles un policía del Buró de Seguridad de Pekín y dos funcionarios de la Administración de Cultura se personaron en las oficinas del centro y pidieron examinar la oficina tras acusarlo de publicar revistas sin licencia.
Lu llamó enseguida a sus abogados, a dos periodistas y a la policía, y después de ocho horas de acosos y negociaciones logró echar a los funcionarios, que sin embargo confiscaron 90 ejemplares del "Boletín de Acción Legal China Anti-Discriminación", publicado por el centro, y exigieron a Lu Jun personarse el 4 de agosto ante la brigada para una investigación.
"Somos una organización, no una editorial. Nosotros no publicamos", aclaró Lu Jun.
El Centro Yi Ren Ping es una organización no gubernamental que se ocupa de cubrir la atención de los 120 millones de chinos afectados por el virus (a pesar de que existe vacuna), de los que medio millón mueren al año.
Según la ley china, los portadores de Hepatitis B no pueden trabajar como maestros, barberos o cajeros de supermercado, y son rechazados sistemáticamente a la hora de conseguir un empleo.
Con unos 300.000 miembros, Yi Ren Ping fue fundada en 2006 por Lu, que también está infectado, el centro facilita información médica, impulsa la lucha contra la discriminación y ayuda en la asistencia legal a quienes pierden su trabajo por su enfermedad.
El régimen autoritario del Partido Comunista de China (PCCh) ha reforzado su habitual mano dura en los últimos meses como preparación por el sesenta aniversario de su llegada al poder, el 1 de octubre, y para prevenir cualquier motivo de inestabilidad social en un año en el que la crisis se ha traducido en un alto desempleo.
Se trata del segundo acoso administrativo de importancia que se registra esta semana en China, después de que el fundador del bufete de abogados Iniciativa para una Constitución Abierta (OCI, en inglés, o Gongmen en mandarín) desapareciera a manos de la policía y sus abogados perdieran sus licencias para ejercer.
Gongmen estaba defendiendo a algunos de los familiares de los cerca de 300.000 niños envenenados con leche adulterada con melamina el año pasado, de los cuales seis murieron.
En total, las autoridades negaron este mes la renovación de la licencia a 83 abogados especializados en causas de derechos humanos en China: además del caso de la melamina, los encausados por las revueltas del Tíbet hace un año, los niños secuestrados para trabajar como esclavos en fábricas de ladrillos, expropiaciones ilegales de tierra y corrupciones de los funcionarios.
A la luz de estos acosos, la directora ejecutiva de Human Rights Watch, Sharon Hom, explicó en un comunicado que el de Yi Ren Ping es "un ejemplo de las cada vez mayores restricciones legales a las que se enfrenta la sociedad civil para poder operar".
"Además, las regulaciones (sobre publicaciones) ilustran el grado de control autoritario de la información, ya que prohíben a una organización publicar sus propios boletines", añadió Hom. EFE mz/av
El Confidencial - julio 2009 - Leer la nota completa