Integrantes de la Red Rosarina de Personas Viviendo con HIV/Sida (PVVS) reclamaron en el Concejo Municipal que se modifique una ordenanza -aprobada a fines del año pasado- que les impide mantener los pases libres en el transporte urbano de pasajeros. El presidente de la entidad, Roberto Durán, advirtió que la franquicia es indispensable ya que sin ella "mucha gente no podrá concurrir al médico para los controles habituales ni a las farmacias para retirar las drogas para seguir el tratamiento". El reclamo también incluye a quienes tienen que someterse a terapias prolongadas por distintas patologías y concurren frecuentemente a los hospitales.
Hasta el mes pasado bastaba el certificado del médico -avalado por el Programa Municipal de Sida- para que los portadores de HIV pudieran acceder a pases libres para viajar en los colectivos urbanos. Ahora, con la entrada en vigencia de una nueva ordenanza, se les exige contar con un certificado extendido por la Dirección Provincial del Discapacitado.
El problema es que, esta dependencia no reconoce al sida como causa de discapacidad, por lo cual no extiende el documento exigido para acceder a la franquicia. "Para nosotros es imperioso contar con el pase libre ya que el 90 por ciento de las personas que vivimos con HIV no contamos con recursos suficientes, debido a la falta de trabajo", explicó Durán. Los integrantes de la red llevaron el miércoles el reclamo a la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, pues consideran que las franquicias son "indispensables".
Tras el encuentro, el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Carlos Comi, se comprometió a presentar un proyecto de excepción a la normativa vigente para que las personas con sida puedan seguir manteniendo la franquicia por el término de un año. Mientras tanto, se estudia una solución de fondo. Según explicó el concejal del ARI "para el Estado es mucho más caro que una persona eventualmente abandone el tratamiento de HIV porque no puede pagar el colectivo".
De acuerdo a los datos de la PVVS, de las 100 mil franquicias que actualmente extiende la Dirección de Transporte del municipio, sólo 12 mil son para personas discapacitadas y apenas 750 van a parar a manos de portadores de HIV. "En la ciudad hay cuatro mil personas viviendo con el virus y un ínfimo porcentaje tiene este beneficio. Lo cual demuestra que no hay abuso", indicó el presidente de la entidad.
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