La PGR, mediante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se encarga del caso sobre la supuesta red de corrupción en la Unidad de Trasplantes del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en la que están involucrados funcionarios, políticos y actores, según consta en el volante de remisión de documentos con número de folio 11733.
A principios de julio se conoció que el cirujano Luis Carlos Rodríguez Sancho, jefe de la Unidad de Trasplantes del mencionado nosocomio, cobraba millonarias cantidades para ignorar la lista de espera y los trámites de los aspirantes a un trasplante, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud.
Una de las acusaciones que revisa la PGR es la supuesta existencia de una lista de "personas importantes" que han pagado desde 400 mil hasta 2 millones de pesos por un hígado o un riñón, en la que se encontraría el comediante Luis de Alba. El propio actor reconoció públicamente que fue intervenido quirúrgicamente por el médico debido a un diagnóstico de cáncer hepático; sin embargo, negó que se tratara de un trasplante.
El caso, que fue turnado directamente a Marisela Morales Ibáñez, titular de la SIEDO, no sólo involucra a Rodríguez Sancho, sino también a otros funcionarios de la Secretaría de Salud de Jalisco y al ex secretario general del sindicato de la Universidad de Guadalajara.
En cuanto se destapó el asunto, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco detuvo al cirujano, lo arraigó y lo liberó, todo en un tiempo récord de cinco días.
A más de un mes de distancia, las investigaciones encabezadas por la Contraloría del Estado y la Procuraduría estatal no habían arrojado un resultado ni explicaciones sobre cómo funcionaba el sistema de pagos para operar el programa de trasplantes y quiénes se beneficiaron. Por ese motivo, un grupo de quejosos decidió recurrir a la representación social federal.
El 14 de mayo, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos envió el oficio CETOT/T. I. 1/110/2008 al secretario de Salud y presidente ejecutivo de este organismo, Alfonso Gutiérrez Carranza, en el que se le confirma que el doctor Rodríguez Sancho operó a cuando menos siete pacientes que no se encontraban en la lista de espera en el momento de decidir su trasplante.
"Hemos recibido un sinnúmero de quejas telefónicas de pacientes que se han enterado de que el programa de trasplantes fue cerrado a pesar de que algunos han realizado pagos al doctor Rodríguez Sancho, de hasta 400 mil pesos, y obligados a suscribir pagarés certificados ante notario público", señala el documento.
De acuerdo con las investigaciones, el dinero que cobraba el jefe de trasplantes se depositaba en una cuenta bancaria a nombre del padre del cirujano.
Asimismo, se comprobó que el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, no le informó directamente al secretario de Salud, José Ãngel Córdova Villalobos, de las irregularidades en el Hospital Civil de Guadalajara, por un trasplante de hígado, con el argumento de que a él no le corresponde investigar dichos actos.
Sin embargo, se comprobó que Adalberto Gutiérrez Carranza, hermano del secretario de Salud, fue sometido a un trasplante de riñón en el nosocomio.
El abogado Salvador Cosío Gaona, representante de algunos afectados, aseguró que uno de los casos más representativos de los efectos negativos de este presunto tráfico de órganos fue la muerte del menor Rafael Cruz Chávez, quien luego de tres años en espera de trasplante con donador vivo cayó en manos Rodríguez Sancho, quien de inmediato tramitó su operación, pero a los pocos días el paciente murió debido a que el riñón "estaba perforado"; aunque según el litigante, "eso no fue cierto; el riñón nunca apareció".
En la entidad, mientras tanto, el programa de donación voluntaria de órganos cayó 40 por ciento, dato por demás preocupante si se considera que hay 2 mil personas que están a la espera de una donación de hígado, cornea o riñón.
La Opinión - Vicente Hernández - agosto 2008 – Nota completa - Imagen