Según el fallo de la Cámara Civil, a la mujer en 2002 le diagnosticaron una enfermedad oncológica, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica.
"Ante un estado de anemia, se dispuso transfusión de sangre. Luego del alta, comenzaron síntomas febriles y fatiga, lo cual motivó una consulta médica detectándose el 3 de octubre de 2002 el virus del VHC", sostiene el fallo de la Sala L del Tribunal.
Si bien los camaristas Víctor Liberman, Marcela Pérez Pardo y José Galmarini entendieron que "aún con los mejores controles es imposible garantizar que no ocurra la transmisión", sí tuvieron en cuenta que "la prueba pericial rendida en autos da cuenta de que,
contrariamente a la queja del Gobierno, el sistema que proveyó dista de ser bueno".
Al interponer la demanda, la paciente recalcó la imposibilidad de parir "hijos sanos" en el futuro, y al respecto recordó que "una hija concebida posteriormente fue contagiada" con hepatitis C.
En su resolución, los camaristas tuvieron en cuenta el "enorme costo de los fármacos a recibir para paliar la discapacidad" para determinar el monto de la indemnización que deberá pagar el Gobierno porteño, y ante "posibles soluciones médicas que no necesariamente deben procurarse en la órbita hospitalaria pública".
"Ya se ha visto cuál fue el resultado de atenderse en un hospital, por lo que mal podría exigirse a esta paciente acuda a un nosocomio comunal", añadieron los jueces.
Por último, al fijar el pago de la indemnización, los camaristas recalcaron "la gravedad del caso, la injusta introducción de una severa enfermedad cuando fue a curarse de otra
bastante seria, las consecuencias de todo tipo que ha sufrido, sufre y sufrirá esta persona".
26 Noticias - enero 2010 - nota completa