Alejandro tiene 51 años, desde hace una década es portador de HIV y cuenta que esto le provocó "muchos años de dolor y depresión" que desembocaron en enfermedades refractarias: "Tengo hepatitis C desde el año 1992 y polineuropatía periférica en evolución, las que me producen un dolor físico permanente y de gran intensidad".
Este paciente del Hospital Tornú asegura que las afecciones mencionadas también impactaron en su esfera emotiva y lo llevaron al aislamiento y a convivir permanentemente con sensaciones de angustia, depresión y desasosiego.
"Ante la desesperación por mis dolores y las fuertes dosis de metadona prescripta por los médicos "”una droga de elaboración química e industrial"” que metían a mi cuerpo, decidí, como persona adulta que tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su salud y su cuerpo, consumir cannabis de modo terapéutico", recuerda Alejandro, que de inmediato notó resultados positivos.
Tras percibir una notable disminución de los dolores, el hombre le solicitó a su médica tratante (especialista en dolor y cuidados paliativos) que le prescriba cannabis; sin embargo, recibió una respuesta negativa, porque la marihuana no es una medicación legal.
Ante esta situación, la Mesa Nacional de la Igualdad, cuya secretaria general es la diputada María Rachid, presentó un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 7 a cargo de la jueza Lidia Lago.
La organización mencionada demanda que, por medio de las autoridades que correspondan, se proceda a prescribir y suministrar al paciente las dosis de cannabis que sean necesarias y médicamente recomendadas, o bien le autoricen realizar un autocultivo.
El hombre afectado expresa que la denegación de la prescripción de cannabis para uso medicinal constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud. "Tal denegatoria constituye un acto administrativo arbitrario, desigual, discriminatorio, injusto e inconstitucional, en flagrante menoscabo a mis intereses y derechos personalísimos".
En diálogo con Infobae.com, Rachid manifestó que "debe ser declarada la inconstitucionalidad de las normas en que se ampara el funcionario público para denegar la prescripción y provisión de cannabis para uso medicinal".
La legisladora consideró que este accionar "restringe y menoscaba el pleno ejercicio del derecho a la salud de Alejandro, así como su derecho a vivir dignamente de manera libre y autónoma. Es un atropello en el ejercicio del derecho a la salud".
"Tenemos que entender que las leyes deben irse adaptando a las necesidades y a los cambios que las sociedades precisen en cada época. Penalizar al enfermo en un hecho de discriminación, que tiende a estigmatizar o criminalizar al consumidor de marihuana. Legalizar el autocultivo es mucho más que una cuestión jurídica, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión humanitaria y una cuestión de salud", dijo la diputada del FPV, quien advirtió que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema con este caso.
Infobae – Foto Télam - julio de 2012 - Nota completa