En el círculo médico existe consenso respecto de que el sistema de notificación para los infectados de VIH presenta errores graves, que quedaron al descubierto con las fallas en la entrega de los resultados de los exámenes a 25 pacientes en el Hospital Regional de Iquique.
No obstante, los expertos atribuyen también responsabilidad a los mismos afectados porque es muy difícil hacerles un seguimiento debido a la obligación de mantener la confidencialidad de los resultados.
El infectólogo de la Clínica Alemana Luis M. Noriega dice que en Chile el sistema está bien organizado y funciona, pero (lo de Iquique) amerita una revisión exhaustiva para entender en qué parte de la cadena se falló.
Aun así, cree que este sistema da buena cobertura a los pacientes, y agrega que "el tema de la confidencialidad es muy delicado; cuando relajas los sistemas puedes aumentar el nivel de discriminación hacia los pacientes, porque hay mucho miedo de figurar en los listados de enfermos. Y hay miedo de que esas listas corran".
Más drástico es el hematólogo y presidente del departamento de Salud Pública del Colegio Médico, Juan Luis Castro, quien cree que se deben revisar los procedimientos administrativos "porque la ley entrega las herramientas necesarias a la autoridad. El problema es que en el caso de Iquique no se hizo".
Castro agrega que el procedimiento estándar obliga a la notificación de al menos tres funcionarios (médico tratante, jefe de epidemiología del servicio de salud correspondiente y su par en el departamento de control de Enfermedades de Transmisión Sexual). "Nadie sabe qué pasó, por qué ninguno de esos tres funcionarios se dieron cuenta de los groseros errores que cometieron", sentencia.
Para el jefe del programa de enfermedades infecciosas de la U. Católica de Chile y especialista en sida, Carlos Pérez, "siempre hay una consejería en la que ya se informa al paciente de que el examen preliminarmente es positivo, por lo tanto debe estar alerta ante la confirmación final. La responsabilidad es compartida. La persona debiera estar preocupada de si le entregaron un diagnóstico de tanta seriedad, pero además los servicios de salud tienen el deber ético de buscar todos los medios posibles para contactar al enfermo y comunicarle el resultado final, para que pueda ser derivado a los especialistas", explicó.
Sobre la posibilidad de que la situación de Iquique se extienda a otros centros, el inmunólogo de la U. de Chile Alejandro Afani considera que ese caso es un hecho aislado y afirma que el sistema de notificación funciona "bastante bien". "Si la persona no vuelve a buscar los resultados, eso es responsabilidad del paciente, ya que debe haber una preocupación por saber qué determina el examen, tal como si una persona se hiciera una radiografía o un escáner", agrega.
20 días de plazo
La Presidenta Bachelet dijo ayer que en el caso del Hospital de Iquique "hay responsables" y que ello lo establecerá la investigación que se realiza. Dijo que ésta debe ser exhaustiva porque se afecta a personas, aludiendo a la petición de parlamentarios para que renuncie la ministra de Salud, Soledad Barría.
La ministra (s) de Salud, Jeanette Vega, anunció ayer que en 20 días estará listo el sumario que fijará las responsabilidades en este caso, así como el chequeo de nuevos casos de no notificación.
REVISIÓN DE LA LEY
Autoridades del ministerio y la comisión de Salud de la Cámara harán una revisión de la ley del sida, para buscar un mecanismo que impida que la confidencialidad, entendida como un derecho del paciente, no se superponga a la protección de la salud pública.
Roban fichas médicas de pacientes contagiados con VIH en Iquique
IQUIQUE.- El archivador con el listado de 25 pacientes que no fueron oportunamente notificados de estar contagiados con VIH-sida fue robado ayer desde el Hospital Regional de esta ciudad. El documento consignaba la clave de identificación y nombre de cada paciente afectado. Los datos servirían de base para el análisis jurídico y establecer la posible existencia de cuasidelito. El hurto se registró entre las 13:30 y las 16 horas, período en que la jefa de la unidad de enfermedades de transmisión sexual (ETS), Olga López, dejó el archivador en su oficina para luego llevarlo a la dirección del hospital para sacar copias a la documentación que le solicitó el fiscal del Ministerio Público que investiga el caso, Enrique Rodríguez, quien fue designado con dedicación preferente.
La denuncia fue hecha por el director del establecimiento asistencial, Jorge Santos, ante la fiscalía del Ministerio Público local. Olga López estaba autorizada para mantener en su domicilio la carpeta con los documentos y datos de los pacientes con VIH.
En su visita al hospital en la mañana de ayer, el fiscal Enrique Rodríguez quiso conocer los procedimientos de toma de muestras en el banco de sangre y la unidad ETS. Por ello, solicitó a la profesional disponer de los documentos, por lo que ésta los trajo desde su hogar. La doctora dejó el archivador en la dirección para sacar fotocopias, pero se dio cuenta que algo estaba mal y que los documentos habían sido manipulados. Según la denuncia del hospital, lo más probable es que el hurto se haya registrado al interior de la unidad de ETS, puesto que en dicho lugar permaneció por más tiempo el archivador.
Aparecen otros nueve casos en Antofagasta y en H. San José
Nuevos casos de infectados con VIH que no están enterados de su condición denunció ayer el senador Guido Girardi. Los pacientes acudieron entre 2003 y 2005 al Complejo Hospitalario San José.
El director del recinto, doctor Jaime Acuña, explicó que se trata de cuatro casos, ya que se descubrió que un quinto paciente había sido avisado y está en tratamiento en el Hospital Barros Luco.
De los otros cuatro, uno falleció sin ser avisado que estaba enfermo; otro es un ciudadano peruano, probablemente indocumentado, que habría salido del país. Los otros dos son personas que entregaron domicilios y teléfonos falsos.
Un caso similar ocurre en Antofagasta, donde cinco personas contagiadas falsearon sus identidades al momento de someterse al examen, por lo que no han podido ser notificadas. Cuatro casos corresponden a Antofagasta y uno a Calama. La seremi de Salud precisó que al tratarse de personas que entregaron datos falsos, es imposible buscarlas, ya sea a través de una publicación o la fuerza pública.
El Mercurio, octubre de 2008, leer nota completa