La ley que desde hace 20 años prohíbe a las personas con VIH entrar en Estados Unidos podría derogarse definitivamente gracias a las protestas de un activista británico.
A Paul Thorn, que debía participar el mes pasado en una conferencia sobre salud global en Seattle, le denegaron la visa para entrar en el país después de que reconociera ser portador del virus del sida.
En lugar de renunciar a la participación, Thorn envió en su lugar un duro comunicado en el que denunciaba las políticas discriminatorias e hipócritas "de un país que se proclama líder en la lucha contra las enfermedades".
Lejos de lo que pudiera pensar, sus palabras no sólo hicieron mella en los asistentes al congreso, sino que espolearon al congresista Jim McDermott, quien escribió una carta al Gobierno relatando el caso de Thorn y el de otras personas rechazadas en la frontera con Canadá.
Rápida reacción
Menos de dos semanas después, la Administración Obama ha reaccionado a la misiva decidiendo poner fin a la prohibición. De momento, ha emitido una propuesta para retirar la consideración del VIH como una "enfermedad contagiosa de relevancia pública", lo que en la práctica obligaba a los pacientes seropositivos a pedir un permiso especial para entrar en el país. Según las previsiones, el fin de esta exigencia podría llegar antes de que acabe el año.
"Mucha gente había protestado antes por esta situación, pero parece que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso", ha comentado Thorn, asesor en temas de tuberculosis y VIH, en declaraciones recogidas por 'The Observer'.
Según relata el británico, que está muy sorprendido por la rapidez con la que ha reaccionado el Gobierno estadounidense, en otras ocasiones había mentido sobre su condición de seropositivo para poder entrar en EEUU, pero, esta vez decidió mostrar claramente su oposición a una medida que consideraba injusta.
Hace casi un año, cuando George W. Bush aún estaba al frente del Gobierno estadounidense, el Senado del país ya aprobó una proposición para derogar esta normativa. Sin embargo, la ley, que debía recibir el visto bueno de un comité conjunto del Senado y la Casa de Representantes, no llegó a entrar en vigor.
Periodista Digital - viernes 10 julio 2009 - Leer la nota completa