La Justicia penal investiga a una obra social por negarse a suministrarle a un paciente un medicamento para un tratamiento contra la cirroris que le había sido prescripto por un médico de cartilla.
El fallo introduce un giro en este tipo de cuestiones, que habitualmente se resuelven mediante una acción de amparo ante la justicia civil o civil y comercial federal, para obtener un fallo que obligue a las obras sociales a suministrar el fármaco o el tratamiento aconsejados.
Pero según una resolución de la Sala Primera de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone, Alfredo Barbarosch y Jorge Rimondi, "no puede descartarse que el hecho denunciado encuadre en una figura penal, por lo menos, sin iniciar una investigación".
El caso está vinculado con un afiliado a la Obra Social del Personal Bancario, quien denunció que esa institución puso "en peligro la salud al no proveerle la medicación prescrita por el personal médico del Policlínico Bancario y necesaria para tratar su dolencia de cirrosis y nódulo hepático".
Esa medicación consistía en el fármaco "Terlipresinainf, ampollas de 70 mg", para mejorar su grave estado de salud y reducir el riesgo de mortalidad".
Para determinar si existe o no delito penal, la Cámara recomendó un estudio para establecer "si el suministro de Terlipresinainf, resulta adecuado y útil para revertir o disminuir las consecuencias de la enfermedad que lo aqueja".
En primera instancia, el juez subrogante Rodrigo Pagano Mata había desestimado la denuncia por "inexistencia de delito", pero la Cámara del Crimen determinó que esa decisión era prematura y dispuso profundizar la investigación
Infobaeprofesional - agosto 2008 - Nota