Los querellantes afirman que la acción penal "no prescribió" y comparan lo ocurrido con casos de "genocidio" o de "terrorismo sanguíneo". En la denuncia, recibida por el juez federal Claudio Bonadío, siete supuestos damnificados "”sobre un total de más de 200, la mayoría fallecidos"” reclamaron que se produzcan las medidas de prueba sugeridas por el fiscal Oscar Amirante y que se cite a indagatoria a los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Raúl Pérez Bianco.
Tezanos Pinto, ex director de la Academia Nacional de Medicina, y Pérez Bianco, actual director de la Fundación de la Hemofilia, fueron acusados de haber permitido el suministro de concentrados coagulantes contaminados.
"Esos concentrados, procedentes de laboratorios de Estados Unidos, Austria y Francia, eran obtenidos de miles de donantes de sangre infectados de sida o hepatitis", explicó Gonzalo Giadone, abogado de los querellantes.
Los presuntos damnificados son Rubén y Carlos Vera, Luis Echarren, Jorge Remón, Diego Vaccaro, un sexto que pidió reserva sobre su identidad y los familiares de un hemofílico fallecido en 2005.
Rubén Vera participó ayer de una audiencia con Pérez Bianco en la que, con la intervención del juez civil Carlos Domínguez, se acordó asegurar el suministro de la medicación necesaria para atender su enfermedad.
La denuncia abarca los delitos de "contagio doloso, tráfico de medicamentos contaminados y envenenamiento masivo", para los cuales se prevén penas de hasta 25 años de prisión cuando los ilícitos provocaran la muerte.
La Capital Noviembre de 2007