El gobierno de Reino Unido prepara una serie de normas para prohibir, a partir de octubre, los trasplantes en clínicas privadas de órganos procedentes de donantes británicos muertos para acabar con un sistema que beneficia a pacientes con dinero y en su mayoría extranjeros, lo que iría en perjuicio de los ciudadanos británicos.
El Ejecutivo ha tomado esta decisión tras encargar un informe sobre el asunto, después de que la prensa publicara en las últimas semanas informaciones que indicaban que extranjeros pagaban a cambio de recibir estos órganos.
La ex presidenta del Departamento de Donación de Órganos de Reino Unido Elisabeth Buggins investigó los hechos tras conocerse que en la última década fueron realizados más de 700 trasplantes a extranjeros con órganos de donantes del Servicio de Salud Nacional británico (NHS) y de los que 314 acabaron en pacientes no europeos.
La investigación llevada a cabo por Buggins no encontró pruebas de delito en cómo estos órganos acabaron siendo trasplantados a estos pacientes, ni de si en todos los casos hubo intercambio económico, pero concluyó que no debería permitirse pagar por este tipo de operaciones.
Según Buggins, el NHS tendría que ser más cauteloso a la hora de comprobar si los pacientes cumplen los requisitos necesarios para recibir un órgano procedente de un donante de Reino Unido, ya que, a su juicio, es probable que algunos se beneficien de este sistema cuando deberían ser rechazados.
"Aunque no encontré pruebas de delito en el modo en que los órganos acabaron en esos pacientes, hay una percepción generalizada de que los pagos privados pueden influir injustamente en el acceso a los trasplantes, por lo que deben ser prohibidos", subrayó.
La legislación europea permite que algunos pacientes reciban tratamiento en otros países si es aprobado por su sistema de salud, que es el que finalmente cubre los costes.
Punto de referencia – 03 agosto 2009 – Leer la nota completa