La FADSP exige a las autoridades sanitarias la aplicación del tratamiento de la Hepatitis C

Exige al Estado que plantee a la UE una estrategia conjunta frente al laboratorio para que comercialice el medicamento a un precio  razonable

Hígado-hepatico-hepatitisEspaña – La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda que en España hay alrededor de 700.000 personas infectadas por el virus de la hepatitis C.  Aunque la enfermedad es asintomática en el 85% de los casos, puede evolucionar a hepatitis crónica (55-85% de pacientes) y en menor medida (5-25%)  cirrosis en un plazo de 2 ó 3 décadas, y cáncer de hígado.

El tratamiento existente hasta ahora, a base de Interferón pegilado combinado con Ribavirina, no está indicado en todos los casos y presenta efectos secundarios no siempre tolerados por los pacientes.

Recientemente un laboratorio farmacéutico norteamericano ha comercializado un medicamento que parece capaz de curar la enfermedad, aunque en combinación con uno o los dos medicamentos tradicionales (Interferón y Ribavirina)

Siguiendo una estrategia comercial el fabricante  ha fijado un precio de 80.000 euros al año al que habrá que añadir el coste de los otros fármacos, frente a 900 euros anuales en Egipto, donde  la población es pobre, aunque dado que la infección es 10 veces más frecuente (10% de la misma está infectada) supone un nicho de negocio en torno a los 5000 millones de euros en ese país para el laboratorio farmacéutico.

En España tratar a las 800 personas en situación crítica (con riesgo de muerte a corto plazo) supondría 65 millones de euros al año, tratar a las 10.000 personas que  fallecen anualmente por esta enfermedad elevaría la factura a  800 millones de euros y tratar a todos los afectados por hepatitis crónica  puede alcanzar la astronómica cifra de 60.000 millones, consumiendo todo el presupuesto sanitario público.

Ante esta situación, en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos  que:

1.- Todos los pacientes afectados por esta enfermedad tienen derecho a recibir un tratamiento que si se confirman las últimas noticias podría curarles. En ese caso debería ser garantizado por el sistema sanitario público

2.- El laboratorio fabricante del medicamento está sometiendo a un chantaje y un intento de saqueo inaceptable a la sanidad pública fijando un precio prohibitivo (fabricar cada pastilla solo cuesta 3 euros y es vendida por un precio más de 200 veces superior)

3.- En el caso de mantener el precio, incluso aunque tras las negociaciones en curso este se reduzca ostensiblemente,  al tratar a todos los afectados la sanidad pública entraría en quiebra y si debido a este hecho el SNS no lo cubre, solo podrían tratarse las personas ricas.

4.- Todo esto muestra las graves consecuencias de la aplicación del mercado en  las relaciones sanitarias. El gobierno de Rajoy pretende introducir el mercado y la competencia en la sanidad española siguiendo una estrategia de desmantelamiento y privatización a través de la colaboración público-privada.

5.- De acuerdo a esta estrategia el Ministerio de Sanidad y los Servicios de Salud Autonómicos han renunciado a la investigación pública de nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias llegando a acuerdos con laboratorios y empresas tecnológicas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que serán patentadas por el sector privado que a su vez lo venderán a elevados precios al sistema público.

Por todo ello, el colectivo exige que el Gobierno del Estado plantee a la UE una estrategia conjunta frente al laboratorio para que comercialice el medicamento a un precio  razonable.

1.- Los enfermos deberán tener a su disposición este y cualquier otro tratamiento si se demuestra su eficacia, sin poner en quiebra el sistema sanitario

2.- Es esencial desarrollar una estrategia de investigación pública de nuevos medicamentos renunciando a la colaboración público privada que perpetuaría esta situación.

3.- Abandonar la política de privatización destinada a introducir el mercado y la competencia en las relaciones sanitarias por ser incompatible con el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema público

En: San Borondón – 24 de agosto de 2014 – Nota completa

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