Internet bajo vigilancia RSF

Reporteros Sin Fronteras

El aumento en potencia del terrorismo ha convulsionado el orden mundial y ha tenido repercusiones directas en el mundo de Internet. Poco a poco, las democracias han ido arañando las libertades individuales de sus ciudadanos, para protegerles mejor. Vigilancia de las comunicaciones electrónicas, censuras de sitios y leyes liberticidas se han ido desarrollando en los tres últimos años, en países habitualmente respetuosos con la libertad de expresión. A pesar de que las medidas adoptadas por los gobiernos occidentales, como consecuencia del atentado al World Trade Center, se pretendía que fueran provisionales, hoy continúan en vigor e incluso se han visto reforzadas.

Los regímenes autoritarios también han aprovechado la prioridad concedida a la lucha contra el terrorismo para aumentar su influencia en la Red. En el momento en que hay atentados que afectan al corazón de los países occidentales, parece tener poca importancia la suerte reservada al Net en las Maldivas o en Túnez. Basta que un dictador presuma de colaborar en el combate contra el terrorismo para que los ojos de la comunidad internacional se cierren a las detenciones abusivas de ciberdisidentes, y la censura de sitios.

La atención de todos se quedó fijada en el 11 de septiembre de 2001, fecha altamente simbólica de la llegada de una amenaza que no deja a nadie al margen, ni siquiera a la superpotencia norteamericana. Ahora es el momento de acordarse de Internet antes de aquel atentado asesino, para darse cuenta de hasta qué punto los derechos de los internautas han padecido la guerra contra el terrorismo. El 10 de septiembre de 2001 la Web era todavía una fuente de esperanzas : tenía que facilitar el acceso de todos a una información independiente, y hacer vacilar las dictaduras. Pocos días más tarde se convertía en la zona de no-derecho, gracias a la cual Al-Qaeda había podido desarrollarse y coordinar sus ataques. Ahora Internet daba miedo. El 10 de septiembre de 2001 es el último día de una edad de oro para la libertad de expresión en el Net. Desde entonces no ha cesado de acercarse la era del Big Brother (Gran Hermano).

Las democracias hacen saltar los parapetos

Internet coloca a todas las democracias -de Francia a Sudáfrica, pasando por India y Estados Unidos- frente a los mismos problemas. Todas tienen que luchar contra el desarrollo de los contenidos pedófilos en línea, colaborar en el desmantelamiento de las redes terroristas, hacer que se reduzca la cibercriminalidad, proteger sus industrias culturales contra el pirateo, etc. La libertad de expresión y los derechos de los editores de contenidos en línea pagan el precio de esos retos económicos y de seguridad.

Se han multiplicado las leyes que autorizan la vigilancia de los internautas. En octubre de 2001, Estados Unidos aprobaba la Patriot Act, seguido de cerca por la mayoría de los países occidentales ; así, un mes más tarde Francia se dotaba de una Ley de seguridad cotidiana (LSQ). Porque uno de los objetivos de esas leyes era facilitar que la policía consiga informaciones personales de los internautas. Votadas con prisa y en circunstancias excepcionales, esas leyes hoy se han instalado en muchas democracias. Ahora, la correspondencia electrónica y la navegación de los internautas ya no están protegidas por suficientes garantías de confidencialidad. Por otra parte, la censura se desarrolla incluso en países habitualmente respetuosos de la libertad de expresión, y frecuentemente ante la indiferencia general. En Francia ha sido necesario esperar a que se aprobara definitivamente la ley de confianza en la economía digital (LEN), para darse cuenta de que convertía a Internet en un medio de comunicación rebajado, abriendo la puerta a una censura arbitraria del Net. En Rusia nadie pide cuentas a las autoridades por el cierre de decenas de sitios pro-chechenos. ¿Quién denuncia al gobierno indio cuando bloquea algunos foros de discusión ? Nadie. O casi nadie…Los cancerberos del Net están aún lejos de tener el poder necesario para hacer que retrocedan los gobiernos de las grandes potencias.

Las democracias se atascan en los complejos problemas jurídicos que plantea Internet. El principal interrogante para los próximos años es saber como aplicar una ley nacional al Net que, por naturaleza, no tiene fronteras. Frente a ese problema, algunos jueces canadienses y australianos han dado una respuesta peligrosa, a pesar de sus buenas intenciones. En efecto, han aceptado tramitar las denuncias por difamación relativas a textos publicados en el extranjero, con el pretexto de que se trata de documentos a los que puede accederse en su país. Pero, al intentar proteger a sus conciudadanos han abierto la caja de Pandora. Ahora, los responsables de los sitios pueden ser objeto de procedimientos judiciales en países en los que no son residentes, ni ciudadanos, y a los que no van destinados sus sitios. Para coronarlo todo, ahora el gobierno en Francia acaba de decidir que los editores digitales serán responsables de por vida de los contenidos que difundan en la Red ; mientras que, para la prensa, la prescripción es de tres meses. ¡Los autores de un texto digital pueden así verse denunciados por difamación, sobre la base de un texto escrito hace quince años ! ¿Periodistas o editores de sitios responsables de por vida, y en todo el mundo, por sus escritos ? No se trata del capricho de un autócrata exótico, sino la vía en que están comprometidos algunos jueces y gobiernos occidentales.

En este contexto, la salvación podría, y debería, llegar de una reacción de las instancias internacionales. En efecto, la ONU se ha aplicado al caso de Internet, buscando nuevas vías para desarrollar la Red, regulándola. Desgraciadamente, la primera decisión tomada por la organización fue organizar la Cumbre de la Sociedad de la Información, en dos tiempos. En Ginebra para empezar y luego…en Túnez, en 2005. ¿La ONU ignora que el régimen del presidente Ben Ali es uno de los que más reprimen a los internautas ? Este tipo de iniciativa es revelador de la poca esperanza que se puede depositar en Naciones Unidas, fagocitada por las dictaduras, para defender la libertad de expresión en la Red.

Las dictaduras amordazan la Red

Mientras las democracias se deslizan poco a poco en la vigilancia, los regímenes autoritarios refuerzan su dominio sobre la Red. La situación se ha agravado en estos tres últimos años, con más de sesenta ciberdisidentes entre rejas, y sistemas de censura cada vez más eficaces.

Ciertamente, las dictaduras tienen miedo de Internet. Como cada internauta es un editor potencial, parece difícil vigilar el flujo de informaciones que transitan por el Net. Para controlar la Red, los regímenes represivos han encontrado dos soluciones. La primera, a la cubana, es prohibir el acceso a la Red a la inmensa mayoría de su población. Pero Cuba y los demás países que han adoptado esta estrategia, como Corea del Norte o Birmania, encuentran dificultades para conciliarla con el desarrollo económico que hoy exige el acceso a las nuevas tecnologías de la información. De ahí el interés del “método chino”, más sofisticado y costoso, igualmente adoptado y adaptado por Arabia Saudí o Singapur. Pekín ha creado un auténtico arsenal tecnológico para vigilar a sus internautas, censurar los sitios molestos y dar caza a la ciberdisidencia. Al mismo tiempo, las autoridades favorecen igualmente la utilización de la Red, y se sirven de ella como soporte de propaganda.

Todos los Estados autoritarios intentan adquirir las mismas herramientas para controlar la Web. Empezando por instalan filtros que hacen inaccesibles los contenidos “subversivos”. En ese terreno la palma se la llevan Arabia Saudí y China, que bloquean miles de publicaciones digitales. Esos regímenes ejercen una censura extremadamente amplia, de los sitios pornográficos a las revistas independientes, pasando por las páginas que tratan de religiones prohibidas o de los derechos humanos. Después instalan programas que permiten leer los e-mails, buscando palabras clave “contrarrevolucionarias” o que “atentan contra la seguridad del Estado”. Se dotan de una ciberpolicía, encargada de dar caza y detener a los disidentes. China, con 62 personas entre rejas, es de lejos la mayor cárcel del mundo para los usuarios de la Red, seguida de Vietnam (7), las Maldivas (3) y Siria (2). Las condenas infligidas a esos individuos, por el simple hecho de expresarse en sitios o foros de discusión, llegan hasta 15 años de cárcel. Finalmente, los Estados represivos utilizan cada vez más los servicios de los hackers, que crean virus y programas informáticos de todo tipo, para bloquear las publicaciones indeseables. Los defensores de la libertad de expresión disponen de medios muy reducidos, frente a ese arsenal técnico y legislativo. Sin embargo, los internautas buscan permanentemente nuevos medios para hacer fracasar la censura. Se bajan presas -repetidores de la Web que permiten acceder a los sitios bloqueados-, utilizan programas para resultar invisibles para la ciberpolicía, e intentan proteger la confidencialidad de sus correos electrónicos. Frecuentemente les ayudan parientes o compatriotas que viven en el extranjero, y que forman la red de entrada más segura y eficaz. Disponen, finalmente, de la ayuda de organizaciones internacionales, que les proporcionan incluso tecnologías para evitar los filtros gubernamentales. Sin embargo, el juego parece desequilibrado. Por ejemplo, cada vez les resulta más difícil a los internautas chinos luchar contra los sistemas creados por su gobierno -con la ayuda de empresas norteamericanas- para ahogar la Red.

El derecho de Internet se está construyendo ahora en las cuatro esquinas del planeta. Sin embargo, el fenómeno atrae poco la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Ciertamente, la lucha contra el terrorismo es una prioridad. Pero, sin embargo, no puede llevarse a cabo en detrimento de los principios fundamentales de una democracia, entre los que ahora figura el derecho a utilizar libremente la Red. La sociedad civil, y muy especialmente Reporteros sin Fronteras, tienen que continuar movilizándose para que tampoco se olvide…el 10 de septiembre de 2001.

Julien Pain
Responsable de Internet y Libertades de Reporteros sin Fronteras

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